Uno de los efectos más profundos de la inversión acusatoria no se limita al terreno de la propaganda política. Este mecanismo también produce transformaciones psicológicas dentro de la sociedad y dentro de los propios actores políticos.
Cuando la inversión acusatoria se repite de manera sistemática, el discurso público comienza a reorganizar la forma en que los ciudadanos interpretan los acontecimientos. Las acusaciones dejan de funcionar únicamente como denuncias políticas y pasan a convertirse en marcos interpretativos que condicionan la percepción colectiva de la realidad.
Este proceso tiene importantes consecuencias psicológicas.
En contextos autoritarios, la propaganda política suele explotar mecanismos conocidos en la psicología social, como la disonancia cognitiva, la presión del grupo y la identificación con narrativas dominantes. Cuando las personas se enfrentan a versiones contradictorias de la realidad, tienden a adoptar narrativas que reduzcan la tensión psicológica entre lo que observan y lo que se les presenta como explicación oficial.
La inversión acusatoria funciona precisamente sobre esa lógica.
Al acusar a los adversarios de las mismas acciones que el propio poder está ejecutando, el régimen produce un entorno informativo donde las responsabilidades políticas se vuelven ambiguas. Las acusaciones cruzadas generan confusión y debilitan la capacidad de la sociedad para identificar con claridad a los responsables de los acontecimientos.
Con el tiempo, esta dinámica produce efectos acumulativos.
Uno de ellos es la interiorización parcial de la narrativa del régimen por parte de ciertos actores políticos y sociales. Cuando el discurso dominante logra establecer los límites del debate político, incluso algunos adversarios del sistema pueden terminar operando dentro del marco narrativo definido por el propio poder.
En el caso venezolano, este fenómeno se ha observado en distintos momentos del debate político. Figuras opositoras como Juan Requesens, Luis Florido, Manuel Rosales, Stalin González o Jesús “Chuo” Torrealba han defendido en distintas ocasiones la necesidad de participar dentro del modelo electoral establecido por el régimen, mientras calificaban como “radicales” a quienes cuestionaban la legitimidad de ese sistema.
Más allá de las diferencias políticas legítimas que puedan existir dentro de la oposición, este tipo de posicionamientos ilustra cómo la presión del entorno autoritario puede inducir formas de adaptación psicológica. Los actores políticos buscan preservar sus espacios de acción dentro de un sistema profundamente condicionado, lo que puede conducir a moderaciones discursivas o a la aceptación parcial de las reglas impuestas por el propio régimen.
En el plano social, este proceso puede producir efectos aún más profundos.
La repetición constante de narrativas contradictorias genera desorientación, desgaste emocional y pérdida de confianza en las instituciones. Cuando la sociedad es sometida de manera prolongada a este tipo de manipulación discursiva, muchos ciudadanos optan por retirarse del debate público o por aceptar pasivamente las interpretaciones dominantes.
En ese contexto puede surgir una cultura política marcada por la desconfianza, la autocensura y la fragmentación social. La narrativa del “enemigo interno”, promovida por el régimen, refuerza estas dinámicas al presentar el conflicto político como una lucha existencial contra supuestas amenazas internas.
De esta manera, la inversión acusatoria no solo funciona como una estrategia de propaganda. También se convierte en un mecanismo de control psicológico que contribuye a estabilizar sistemas autoritarios.
Uno de los efectos más peligrosos de la inversión acusatoria es que muchas víctimas terminan interiorizando la narrativa del régimen. Líderes opositores como Juan Requesens, Luis Florido, Manuel Rosales, Stalin González y Jesús “Chuo” Torrealba han defendido en distintos momentos la participación dentro del modelo electoral impuesto por el régimen, calificando como “radicales” a quienes rechazan ese marco político [39].
Este fenómeno refleja una forma de adaptación psicológica al entorno autoritario, donde los actores políticos aceptan las reglas impuestas por el sistema para preservar sus espacios de acción.
A nivel social, la población sometida a contradicciones informativas y propaganda constante puede terminar adoptando actitudes de silencio, resignación o colaboración pasiva con el poder. En estos contextos puede desarrollarse una cultura política marcada por la desconfianza y la delación, donde la narrativa del “enemigo interno” refuerza los mecanismos de control social.
Paralelamente, el régimen proyecta una metaimagen internacional destinada a influir en medios de comunicación, organizaciones y actores políticos extranjeros, generando confusión sobre la naturaleza del conflicto venezolano [38].
La narrativa rota y la inversión acusatoria
Un ejemplo clave de cómo la narrativa puede ser instrumentalizada se observa en las críticas de Chuo Torrealba contra Machado y González. Un video reciente critica a González por asistir a una premiación en Europa mientras Venezuela sufre una crisis, revelando inconsistencias en el liderazgo opositor[39]. Cabello explota estas fisuras para presentar a la oposición como ineficaz o cómplice, usando a Torrealba como símbolo de una oposición domesticada. Mis críticas al golpe del 28 de julio fueron manipuladas de manera similar, presentándome como divisionista[39]. Mi crítica no fue contra González como persona, sino contra su narrativa, que redujo la crisis a un “fraude electoral” en lugar de un golpe de Estado institucional. Esta lectura tardía y limitada debilitó el posicionamiento de la oposición, permitiendo que la narrativa de Maduro prosperara, con consecuencias como la relativización de sanciones y licencias a empresas como Chevron.
Un ejemplo ilustrativo de cómo la narrativa política puede ser instrumentalizada dentro de la lógica de la inversión acusatoria se observa en las críticas formuladas por Jesús “Chuo” Torrealba contra María Corina Machado y Edmundo González. En un video difundido en redes sociales, Torrealba cuestiona la presencia de González en una ceremonia de premiación en Europa mientras Venezuela atravesaba una profunda crisis política y social [39]. Esta crítica, aunque puede interpretarse como un señalamiento interno dentro del campo opositor, fue rápidamente incorporada por la maquinaria propagandística del régimen.
Diosdado Cabello y otros voceros oficialistas han utilizado este tipo de fisuras discursivas para reforzar la narrativa de que la oposición es ineficaz, incoherente o incluso cómplice del propio sistema que afirma combatir. En ese proceso, figuras críticas dentro de la oposición son reinterpretadas por el discurso oficial como ejemplos de una supuesta “oposición domesticada”.
Un fenómeno similar ocurrió con mis propias declaraciones sobre el golpe institucional del 28 de julio. Fragmentos de mis análisis fueron difundidos fuera de contexto para presentarme como un actor divisionista dentro de la oposición [39]. Sin embargo, mi crítica no estaba dirigida contra la persona de Edmundo González, sino contra el marco narrativo adoptado para describir la crisis política.
Reducir la crisis venezolana a un simple “fraude electoral” implicaba, en mi opinión, una lectura incompleta del problema. Lo que se estaba consolidando no era únicamente una irregularidad electoral, sino un golpe de Estado institucional ejecutado mediante el control del aparato del Estado.
Esta diferencia narrativa resultó crucial. Mientras el régimen construía una narrativa coherente destinada a legitimar su permanencia en el poder, la oposición permanecía atrapada en un marco interpretativo limitado. Ese vacío narrativo fue explotado por el aparato propagandístico del régimen, permitiendo que la estrategia de inversión acusatoria prosperara y debilitando el posicionamiento político de la oposición tanto en el ámbito interno como internacional.