La inversión acusatoria en el ámbito constitucional: la destrucción disfrazada de legalidad

La inversión acusatoria también puede operar en el ámbito constitucional. En este caso, el régimen no solo manipula narrativas políticas, sino también el significado mismo de la Constitución.

En lugar de eliminar el orden constitucional, el poder utiliza el lenguaje de la Constitución para legitimar acciones que en realidad la contradicen.

Este mecanismo funciona mediante una inversión de responsabilidades: quienes ejecutan acciones que debilitan los principios constitucionales se presentan como defensores del orden constitucional, mientras quienes denuncian esas violaciones son acusados de conspirar contra el Estado.

En la literatura sobre derecho constitucional comparado, fenómenos similares han sido descritos como constitucionalismo abusivo, una estrategia mediante la cual los gobernantes utilizan mecanismos constitucionales para debilitar la democracia desde dentro.

En estos contextos, la Constitución no desaparece. Continúa existiendo como símbolo de legalidad y como instrumento de legitimación política.

El régimen invoca constantemente la Constitución para justificar sus acciones, incluso cuando estas contradicen principios fundamentales como la soberanía popular, la separación de poderes o el derecho al voto.

El resultado es una paradoja institucional: la Constitución se convierte simultáneamente en el símbolo del orden democrático y en el instrumento que permite justificar su erosión.

De esta manera, la inversión acusatoria no solo opera en el terreno del discurso político. También se manifiesta en el uso estratégico del lenguaje constitucional, donde la defensa retórica de la Constitución sirve para ocultar su progresiva destrucción.

La inversión acusatoria también se manifiesta en el terreno constitucional. En este ámbito, el régimen utiliza el lenguaje de la Constitución para legitimar acciones que en la práctica debilitan o contradicen sus principios fundamentales.

Para comprender este fenómeno es necesario considerar el contexto político en el que surge la Constitución venezolana de 1999. Debido a su origen durante el gobierno de Hugo Chávez, amplios sectores de la oposición mantuvieron desde el inicio una relación ambivalente con este texto constitucional. En muchos casos no se produjo una defensa política activa de su contenido normativo, lo que generó un vacío discursivo en torno a su significado.

Ese vacío resultó políticamente relevante. Aunque la Constitución contiene principios que limitan el ejercicio del poder —como la soberanía popular, el voto universal, la alternancia democrática y la separación de poderes— la ausencia de una defensa clara de estos principios permitió que el poder político monopolizara el lenguaje constitucional.

El régimen ha sabido explotar esta situación. Comprendiendo el valor simbólico de la Constitución, sus voceros y las instituciones bajo su control invocan constantemente el texto constitucional como fuente de legitimidad política. Funcionarios del Ejecutivo, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y portavoces del aparato estatal presentan sus decisiones como actos destinados a defender el orden constitucional.

Sin embargo, muchas de esas decisiones implican en la práctica la erosión de los principios que la propia Constitución establece. Medidas de represión política, manipulación electoral o persecución judicial contra opositores son justificadas públicamente mediante argumentos que apelan al lenguaje constitucional.

Aquí aparece el mecanismo de la inversión acusatoria. El poder político se presenta como defensor de la Constitución mientras acusa a la oposición de intentar destruir el orden constitucional. De esta manera, las responsabilidades se invierten: quienes ejercen el poder y debilitan los principios constitucionales se presentan como guardianes del sistema, mientras quienes denuncian esas violaciones son acusados de conspirar contra el Estado.

Este mecanismo se vuelve particularmente eficaz cuando las instituciones encargadas de interpretar la Constitución —como el Tribunal Supremo de Justicia— se encuentran bajo control político. En esas condiciones, el lenguaje jurídico puede utilizarse para producir sentencias que aparentan defender el orden constitucional mientras legitiman decisiones que contradicen sus principios.

El resultado es una paradoja institucional. La Constitución continúa siendo invocada formalmente como fuente de legalidad, pero su capacidad real para limitar el poder depende cada vez menos de su contenido normativo y cada vez más de la correlación de fuerzas políticas que controlan las instituciones del Estado.

En estas circunstancias, la disputa política deja de centrarse en el significado del texto constitucional y pasa a depender de quién controla las instituciones encargadas de interpretarlo y aplicarlo. Cuando no existe una autoridad institucional independiente capaz de hacer cumplir el texto constitucional, el conflicto político termina resolviéndose en función del poder efectivo de los actores.

La inversión acusatoria se integra así en esta dinámica institucional. El régimen acusa a la oposición de actuar contra la Constitución mientras ejecuta acciones que debilitan el orden constitucional. Al mismo tiempo, la ausencia de una defensa política coherente del texto constitucional facilita que el poder monopolice el lenguaje constitucional y lo utilice como instrumento de legitimación.

En este escenario, la Constitución continúa existiendo formalmente como marco jurídico del sistema político. Sin embargo, su capacidad efectiva para limitar el ejercicio del poder queda subordinada a la estructura política que controla las instituciones encargadas de interpretarla y aplicarla.

Introducción al caso de estudio

Un ejemplo particularmente revelador de cómo opera la inversión acusatoria puede observarse en el ámbito constitucional venezolano. En este contexto, el régimen no elimina formalmente la Constitución, sino que utiliza su lenguaje y su legitimidad simbólica para justificar acciones que en la práctica debilitan los principios que el propio texto establece.

Este tipo de dinámica ha sido descrito en la literatura comparada como constitucionalismo abusivo, es decir, el uso estratégico de mecanismos constitucionales para erosionar la democracia desde dentro, manteniendo al mismo tiempo una apariencia de legalidad institucional.

En el caso venezolano, este fenómeno se combina con la inversión acusatoria: el poder se presenta como defensor de la Constitución mientras acusa a sus adversarios de intentar destruir el orden constitucional. El siguiente caso de estudio ilustra cómo este mecanismo ha operado en la práctica.

La oposición nunca desarrolló una defensa consistente de la Constitución de 1999, en gran medida debido a que fue impulsada durante el gobierno de Hugo Chávez. Esta circunstancia permitió que el régimen utilizara el texto constitucional como instrumento de propaganda política. Maduro, consciente de su peso simbólico, ha recurrido a la Constitución como un disfraz de legalidad, presentando decisiones como el fraude electoral, la represión y la persecución política como acciones supuestamente amparadas por el orden constitucional.

Sin embargo, el propio texto constitucional establece principios que constituyen un obstáculo para la consolidación de un poder autoritario. Entre ellos se encuentran el voto universal, la alternancia democrática y la separación de poderes, elementos esenciales de un sistema democrático que el régimen ha vulnerado de manera sistemática [50]. La Constitución de 1999, por ejemplo, define a Venezuela como un Estado democrático y social de derecho y organiza el poder público en distintas ramas institucionales destinadas a limitar el ejercicio del poder político .

Al asociar sus acciones con el lenguaje constitucional, el régimen contribuye a generar una distorsión en la percepción pública del texto constitucional. Parte de la población termina identificando los abusos del poder con la propia Constitución, creyendo que el orden constitucional es responsable de los problemas generados por el sistema político. Esta manipulación produce un efecto paradójico: la Constitución —que debería funcionar como límite al poder— comienza a ser percibida como parte del problema.

[50]. Al asociar sus acciones con la Constitución, el régimen contribuye a producir una distorsión en la percepción pública del orden constitucional. Parte de la población termina identificando los abusos del poder con la propia Constitución, creyendo que el texto constitucional es responsable de los males generados por el sistema político. Esta manipulación discursiva genera un efecto paradójico: la Constitución —que debería funcionar como límite al poder— comienza a ser percibida como parte del problema político.

En ese contexto, la propaganda estatal puede facilitar que amplios sectores de la sociedad desarrollen una creciente desconfianza hacia el propio marco constitucional. Esta dinámica crea las condiciones para que el poder promueva cambios constitucionales orientados a consolidar su control político. De hecho, el gobierno ha impulsado iniciativas para reformar la Constitución de 1999 y modificar decenas de sus artículos, en un proceso que analistas consideran destinado a adaptar el sistema político a un modelo más centralizado y controlado por el poder ejecutivo.

De esta manera, la inversión acusatoria no solo opera en el plano del discurso político, sino también en el terreno constitucional. Mientras el poder se presenta como defensor de la Constitución, sus acciones contribuyen a debilitar los principios que la propia Constitución establece, preparando el terreno para su eventual transformación o sustitución mediante mecanismos controlados por el propio régimen.

Al asociar sus acciones con la Constitución, el régimen contribuye a distorsionar la percepción pública del orden constitucional. Parte de la población termina identificando los abusos del poder con la propia Constitución, creyendo que el texto constitucional es responsable de los males generados por el sistema político. Esta manipulación discursiva produce un efecto paradójico: la Constitución —que debería funcionar como límite al poder— comienza a ser percibida como parte del problema político.

En ese contexto, la propaganda estatal puede fomentar una creciente desconfianza hacia el propio marco constitucional. Esta dinámica crea las condiciones para que el poder promueva cambios constitucionales orientados a consolidar su control político. De esta manera, el debate público deja de centrarse en la defensa de los principios constitucionales y pasa a girar en torno a su eventual modificación o sustitución.

Así, la inversión acusatoria no opera únicamente en el plano del discurso político, sino también en el terreno constitucional. Mientras el poder se presenta como defensor de la Constitución, sus acciones contribuyen simultáneamente a debilitar los principios que el propio texto establece, preparando el terreno para su transformación o sustitución mediante mecanismos controlados por el propio régimen.

Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo control del poder político, ha emitido decisiones que legitiman procesos electorales cuestionados y respaldan medidas de persecución contra opositores, presentándolas como decisiones constitucionales. Sin embargo, dichas decisiones entran en tensión con principios fundamentales establecidos en la propia Constitución, como el artículo 5 —que establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo—, el artículo 62 —que reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y ejercer el sufragio— y el artículo 328 —que define a la Fuerza Armada como una institución profesional, no partidista y subordinada a la Constitución— [22][50].

Esta dinámica contribuye a generar una profunda confusión en la percepción pública del orden constitucional. Cuando las instituciones invocan constantemente la Constitución para justificar decisiones que contradicen sus propios principios, parte de la población termina asociando los abusos del poder con el propio texto constitucional. Como consecuencia, la Constitución —que debería funcionar como límite al poder— comienza a ser percibida como responsable de los problemas políticos generados por el sistema.

En ausencia de una defensa política activa del orden constitucional, esta distorsión facilita que el poder avance hacia la modificación o sustitución del propio marco constitucional. En ese escenario, el régimen puede impulsar una nueva constitución adaptada a sus necesidades políticas, transformando lo que debería ser un límite jurídico al poder en un instrumento destinado a consolidarlo.

La ausencia de una narrativa consistente

Uno de los factores que facilitó la eficacia de la inversión acusatoria fue la ausencia de una narrativa política coherente capaz de explicar con claridad la naturaleza de la crisis institucional. Mientras el régimen desarrolló una narrativa relativamente consistente para justificar sus acciones, la oposición no logró articular un relato igualmente claro que permitiera describir el proceso como una ruptura constitucional.

En lugar de construir una explicación estructurada de los acontecimientos, el debate público se fragmentó en múltiples interpretaciones parciales que dificultaron la comprensión del proceso político en su conjunto.

Uno de los problemas centrales fue la falta de una cronología precisa que permitiera explicar los acontecimientos como parte de un mismo proceso político. El fraude electoral del 28 de julio de 2024, el respaldo militar expresado por Vladimir Padrino López el 30 de julio, la intervención del Tribunal Supremo de Justicia para legitimar el resultado electoral y la juramentación presidencial del 10 de enero de 2025 constituyeron hitos de una misma secuencia política que terminó consolidando la ruptura constitucional [2][8][15][31].

Sin embargo, estos eventos no siempre fueron presentados como parte de una misma dinámica de poder. Con frecuencia aparecieron en el debate público como episodios aislados, lo que dificultó la construcción de una interpretación política coherente de lo ocurrido.

Otro elemento relevante fue la ambigüedad en el lenguaje utilizado para describir la situación política. En muchos casos se recurrió a expresiones moderadas o ambiguas que evitaban caracterizar abiertamente el proceso como una dictadura o como un golpe de Estado institucional. Esta ambigüedad contribuyó a debilitar la claridad del mensaje político y facilitó que el régimen impusiera su propio marco interpretativo.

Las contradicciones públicas entre distintos actores políticos también contribuyeron a esta fragmentación narrativa. Las diferencias en las declaraciones y en las interpretaciones de los acontecimientos generaron un escenario discursivo disperso que fue utilizado por el aparato propagandístico del régimen para reforzar su narrativa oficial [32].

En este contexto, la propaganda estatal logró aprovechar las lagunas narrativas existentes para presentar el conflicto como una disputa política ordinaria o como un intento de desestabilización, ocultando el carácter estructural de la ruptura constitucional.

La ausencia de una narrativa coherente permitió así que el régimen mantuviera el control del marco interpretativo del conflicto político. Cuando el poder logra definir el lenguaje con el que se describen los acontecimientos, también adquiere una ventaja decisiva en la disputa por la legitimidad política.

La necesidad de una narrativa consistente

La ausencia de una narrativa política coherente permitió que la inversión acusatoria operara con mayor eficacia. Uno de los errores estratégicos más importantes de la oposición venezolana, particularmente de Edmundo González, fue no construir un relato político sólido centrado en la ruptura constitucional y en el carácter institucional del golpe ocurrido el 28 de julio de 2024.

Esta omisión, motivada en parte por la desconfianza hacia la Constitución de 1999 debido a su origen durante el gobierno de Hugo Chávez, permitió que el régimen explotara los vacíos narrativos existentes. En ese contexto, Nicolás Maduro logró posicionarse discursivamente como “el menor mal” frente a un supuesto “mal mayor”, representado por el liderazgo opositor de María Corina Machado.

A través de técnicas de manipulación narrativa y de la inversión acusatoria, el régimen consiguió sostener la imagen de una democracia formalmente funcional pero cuestionada. De esta manera, el poder se presenta como un gobierno que organiza procesos electorales —aunque estos carezcan de garantías reales— con el objetivo de preservar una apariencia de legitimidad institucional.

Este patrón ha sido descrito en el análisis de los regímenes autoritarios modernos. La teórica política Hannah Arendt explicó que uno de los rasgos característicos de los sistemas totalitarios es su capacidad para controlar el relato político y producir una realidad paralela mediante propaganda y manipulación ideológica, impidiendo que surjan interpretaciones alternativas capaces de desafiar al poder .

En estas condiciones, el conflicto político dejó de desarrollarse únicamente en el terreno de los hechos y pasó a depender del control del marco narrativo desde el cual esos hechos eran interpretados.

Mientras Nicolás Maduro se mantuvo en el poder, buscó que la oposición, de manera consciente o inconsciente, terminara participando dentro del marco narrativo construido por el propio régimen, ya fuera aceptando sus reglas electorales o evitando desafiar directamente su lógica de control político. Aquellos que intentaron confrontar abiertamente ese marco enfrentaron represalias, como ocurrió con figuras opositoras como Enrique Márquez o Leocenis García, quienes fueron detenidos o perseguidos tras cuestionar el proceso político posterior a las elecciones de 2024 [8][24][25][36]. En el caso de Márquez, por ejemplo, fue arrestado el 7 de enero de 2025 después de denunciar irregularidades en las elecciones presidenciales y fue liberado posteriormente en el contexto de excarcelaciones de presos políticos en 2026 .

En el caso de Edmundo González, su narrativa política resultó difusa porque no se centró plenamente en la ruptura constitucional. En lugar de presentar los acontecimientos como un golpe de Estado institucional iniciado el 28 de julio de 2024, su discurso tendió a concentrarse principalmente en la denuncia del fraude electoral. Esta elección narrativa fragmentó el mensaje político al tratar el fraude como el evento central, en lugar de integrarlo dentro de una cronología más amplia de ruptura constitucional.

Un ejemplo de esta ambigüedad fue su declaración del 10 de enero de 2025 —“si me juramentan, no hay golpe; si juramentan a Maduro, sí”— que introducía una condición política que debilitaba la interpretación del proceso como un quiebre institucional iniciado meses antes [32]. De esta manera, la definición misma del golpe quedaba supeditada al acto de juramentación y no a la secuencia de acontecimientos iniciada con el proceso electoral del 28 de julio.

Esta inconsistencia permitió al régimen aprovechar las lagunas narrativas existentes. Mientras la oposición presentaba interpretaciones fragmentadas de los hechos, el poder construía una cronología política más coherente que reforzaba su propio relato. En ese escenario, la inversión acusatoria encontró terreno fértil para operar, permitiendo al régimen presentar las denuncias opositoras como parte de una supuesta conspiración contra el orden institucional.

Aunque la salida de Maduro del poder modificó la estructura visible del liderazgo, el mecanismo político que hizo posible esta dinámica no desapareció. La estrategia de inversión acusatoria continuó operando dentro del mismo aparato de poder, ahora bajo nuevas figuras de autoridad. Esto demuestra que la inversión acusatoria no depende exclusivamente de un líder individual, sino que forma parte de una maquinaria política más amplia destinada a preservar el control del relato y del sistema institucional.

González no abordó decisiones clave como las sentencias del TSJ que legitimaron el fraude electoral, la violación del artículo 328 por parte del ministro de Defensa Vladimir Padrino López al utilizar a las FANB en tareas de represión política, ni el desmantelamiento del sistema de garantías institucionales impulsado por el fiscal general Tarek William Saab, quien dirigió procesos judiciales contra dirigentes opositores [22].

Estas omisiones dejaron a la oposición sin un estado factual en desarrollo capaz de explicar de manera coherente la naturaleza del conflicto político. En lugar de integrar los acontecimientos dentro de una secuencia institucional que evidenciara una ruptura del orden constitucional, gran parte del discurso opositor terminó concentrándose en los eventos del fraude electoral como hechos aislados.

Esta fragmentación narrativa debilitó la capacidad de explicar el proceso político como un golpe de Estado institucional en desarrollo. Mientras la oposición denunciaba irregularidades electorales, el aparato del poder lograba integrar los acontecimientos dentro de su propio relato político.

Durante el período en que Nicolás Maduro permaneció en el poder, esta situación permitió al régimen controlar el marco narrativo del conflicto. A través de la inversión acusatoria, el gobierno presentaba las denuncias opositoras como parte de una supuesta conspiración destinada a generar caos político y desestabilizar al Estado.

De esta manera, el poder lograba invertir la responsabilidad política del conflicto. Mientras las instituciones del Estado eran utilizadas para consolidar el control del régimen, la narrativa oficial presentaba al gobierno como garante del orden constitucional frente a una oposición que era descrita como fuente de inestabilidad.

En su momento, propuse que una posible forma de contrarrestar esta manipulación consistía en convocar una Comisión de la Verdad que documentara de manera rigurosa la cronología de los acontecimientos políticos ocurridos en Venezuela, desde el proceso electoral del 28 de julio de 2024 hasta la consolidación de la ruptura constitucional en enero de 2025. El objetivo de una iniciativa de ese tipo habría sido reconstruir de forma sistemática las violaciones constitucionales cometidas durante ese período —incluyendo la vulneración de principios como la soberanía popular (artículo 5), el derecho al voto (artículo 62) y la neutralidad institucional de las Fuerzas Armadas (artículo 328)— con el fin de establecer un registro verificable de los hechos y eventualmente presentarlo ante instancias internacionales como la Corte Penal Internacional [50].

Sin embargo, los acontecimientos posteriores alteraron profundamente el escenario político. La intervención internacional de 2026, la captura de Nicolás Maduro y la posterior configuración de un nuevo equilibrio de poder bajo la administración encabezada por Delcy Rodríguez modificaron las condiciones en las que ese tipo de iniciativas podían desarrollarse. En ese nuevo contexto, se evidenció con mayor claridad uno de los efectos estratégicos de la inversión acusatoria.

La dinámica de manipulación narrativa no solo había condicionado el debate político interno, sino que también había influido en la forma en que actores externos evaluaban el riesgo político del conflicto venezolano. La fragmentación del relato opositor y las contradicciones internas ampliaron la percepción de incertidumbre, lo que facilitó la aparición de soluciones intermedias orientadas más a la estabilización del sistema que a una transformación estructural del régimen.

De esta manera, la inversión acusatoria produjo un efecto particularmente relevante: amplificó las contradicciones dentro del campo de las víctimas y desplazó el equilibrio político en favor de quienes controlaban el aparato del Estado. Incluso después de la caída de Maduro, muchas de las estructuras institucionales y narrativas que sostenían ese modelo de poder permanecieron intactas, lo que evidencia que la inversión acusatoria no dependía exclusivamente de un líder individual, sino que formaba parte de una maquinaria política más amplia.

Este fenómeno explica por qué, incluso en contextos de intervención o presión internacional, el resultado político puede terminar siendo una solución de estabilización parcial en la que la estructura del sistema permanece sustancialmente intacta.

Comparativa de narrativas: régimen vs. oposición

Consecuencias psicológicas de la narrativa oficial

• Disociación: Ciudadanos optan por el silencio o la colaboración para sobrevivir[38].
• Síndrome del espectador: Víctimas creen que merecían lo vivido[38].
• Colaboracionismo involuntario: Líderes opositores se integran al sistema narrativo del régimen[39].

• Desgaste moral: La repetición sin estrategia conduce a la desmovilización[39].