Un ejemplo particularmente ilustrativo del funcionamiento institucional de la inversión acusatoria puede observarse en el papel desempeñado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
En una democracia funcional, el proceso institucional posterior a una elección es relativamente claro. El organismo electoral proclama al ganador y, en caso de controversia, los actores políticos pueden impugnar los resultados ante los tribunales. En ese contexto, el sistema judicial actúa como árbitro encargado de resolver disputas electorales.
Sin embargo, en el caso venezolano ocurrió una dinámica radicalmente distinta.
Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, el régimen proclamó la victoria de Nicolás Maduro a través del Consejo Nacional Electoral, en medio de fuertes denuncias de fraude por parte de la oposición y de diversos actores nacionales e internacionales. Las actas electorales recopiladas por la oposición indicaban resultados radicalmente diferentes a los anunciados oficialmente.
En este contexto, se produjo un hecho institucional profundamente revelador: el propio Nicolás Maduro, presentado oficialmente como ganador de la elección, acudió al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar una revisión del proceso electoral.
Este movimiento representa una inversión completa del funcionamiento normal de las instituciones democráticas.
En condiciones ordinarias, quien acude a los tribunales es el candidato que cuestiona los resultados, no el supuesto ganador. En este caso, el régimen utilizó al Tribunal Supremo de Justicia como instrumento para construir una narrativa jurídica destinada a reforzar la versión oficial de los hechos.
De esta manera, el tribunal no actuó como un árbitro independiente encargado de resolver una controversia electoral real, sino como un actor político dentro de una estrategia más amplia de legitimación del poder.
La construcción de una ficción jurídica
El proceso iniciado ante el Tribunal Supremo de Justicia no tenía como objetivo resolver una disputa electoral genuina. Su función era producir una sentencia que permitiera transformar el fraude denunciado por la oposición en una supuesta “verdad judicial”.
Esta operación institucional cumplía varios objetivos simultáneos.
En primer lugar, permitía presentar la narrativa del régimen como una conclusión jurídica avalada por la máxima instancia judicial del país. En segundo lugar, permitía acusar a la oposición de desconocer el “orden constitucional” si rechazaba la decisión del tribunal.
De esta forma, el régimen lograba invertir nuevamente las responsabilidades políticas: quienes denunciaban la ruptura constitucional podían ser presentados como actores que desafiaban el orden legal.
El resultado es un ejemplo claro de cómo la inversión acusatoria puede operar también a través de mecanismos institucionales.
El desacato como herramienta de persecución política
Dentro de esta dinámica, el Tribunal Supremo de Justicia convocó al candidato opositor Edmundo González para comparecer ante el tribunal en el marco del proceso judicial.
Posteriormente, el tribunal declaró a González en desacato.
Este movimiento permitió construir una nueva narrativa jurídica destinada a justificar medidas de persecución política. A partir de esa declaración, el régimen podía presentar al principal candidato opositor no como víctima de una ruptura institucional, sino como un actor que supuestamente desafiaba la autoridad del sistema judicial.
De esta manera, el tribunal se convertía en un instrumento para reforzar la narrativa política del poder.
La “pantalla de legalidad”
El caso del Tribunal Supremo de Justicia ilustra uno de los componentes más importantes del mecanismo de inversión acusatoria: la construcción de una pantalla de legalidad.
La función de esta pantalla no es resolver conflictos jurídicos reales, sino producir actos institucionales que permitan presentar decisiones políticas como si fueran el resultado de procedimientos legales legítimos.
Las instituciones continúan funcionando formalmente. Los tribunales emiten sentencias, los procesos judiciales siguen su curso y las decisiones se presentan como actos de derecho.
Sin embargo, el contenido real del sistema ha sido transformado.
Las instituciones dejan de actuar como mecanismos de control del poder y pasan a funcionar como instrumentos destinados a reforzar la narrativa oficial del régimen.
La transformación del derecho en instrumento de poder
El resultado de este proceso es profundamente paradójico.
El régimen invoca constantemente la Constitución de 1999 y el orden legal para justificar sus acciones, mientras simultáneamente contribuye a vaciar de contenido los principios fundamentales del sistema constitucional.
Entre estos principios se encuentran:
- la soberanía popular (artículo 5),
- el derecho al voto y a la participación política (artículo 62),
- la separación de poderes.
Al utilizar las instituciones judiciales para validar decisiones previamente adoptadas por el poder político, el sistema legal se convierte en un instrumento de legitimación del régimen.
De esta manera, el derecho deja de funcionar como un límite al poder y pasa a operar como parte de la maquinaria que sostiene la simulación institucional.
La función del TSJ dentro de la inversión acusatoria
El caso del Tribunal Supremo de Justicia demuestra que la inversión acusatoria no opera únicamente en el plano discursivo o mediático.
También puede desplegarse a través de las instituciones del Estado.
En este contexto, el sistema judicial deja de ser un árbitro independiente y pasa a convertirse en un componente central de la arquitectura política del régimen.
Las decisiones judiciales no buscan resolver conflictos reales, sino reforzar una narrativa política destinada a presentar la ruptura constitucional como una defensa del orden legal.
De esta manera, el poder logra transformar una crisis institucional en una aparente controversia jurídica.
Y al hacerlo, consolida uno de los elementos centrales de la inversión acusatoria: la capacidad de redefinir la realidad política a través del control del marco institucional desde el cual esa realidad es interpretada.