La crisis migratoria venezolana ofrece un ejemplo ilustrativo de cómo opera el mecanismo de inversión acusatoria en el plano internacional. En este contexto, el régimen ha intentado reorganizar la interpretación pública del fenómeno migratorio mediante una narrativa que desplaza la responsabilidad de la crisis hacia la oposición y hacia factores externos, mientras oculta el papel estructural que ha desempeñado el propio sistema político venezolano en la generación de ese proceso.
Desde finales de la década de 2010, Venezuela ha experimentado uno de los mayores desplazamientos humanos de la historia reciente de América Latina. Millones de ciudadanos han abandonado el país como consecuencia del colapso económico, la crisis institucional y el deterioro de las condiciones de vida. Este fenómeno comenzó a intensificarse entre 2018 y 2019, con flujos migratorios significativos hacia países vecinos como Colombia, Perú, Chile y Argentina.
Sin embargo, el discurso oficial ha intentado reinterpretar esta crisis mediante un mecanismo característico de la inversión acusatoria: atribuir el fenómeno migratorio a factores externos o a acciones de la oposición política.
En múltiples ocasiones, el aparato político del régimen ha acusado a la oposición de exagerar la magnitud de la crisis migratoria o de utilizarla como instrumento de presión internacional. Al mismo tiempo, ha intentado atribuir la migración masiva a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, presentando al gobierno venezolano como víctima de una agresión externa.
Este patrón se hizo especialmente visible en el contexto político posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Durante ese período, la líder opositora María Corina Machado advirtió que la permanencia del régimen en el poder podía provocar un incremento de los flujos migratorios. Aunque esa advertencia respondía a un diagnóstico político sobre la evolución de la crisis venezolana, el aparato comunicacional del régimen reinterpretó esas declaraciones como una supuesta estrategia destinada a promover la migración y desestabilizar el país.
De esta manera, la narrativa oficial transformó una advertencia política en una acusación contra la oposición. El mecanismo es característico de la inversión acusatoria: el poder desplaza la responsabilidad de un fenómeno estructural hacia sus adversarios, presentándose simultáneamente como víctima de una campaña de desinformación.
El contexto migratorio ofrece un terreno particularmente fértil para este tipo de operaciones narrativas. La migración masiva genera tensiones sociales en los países receptores y produce percepciones de inseguridad que pueden ser instrumentalizadas políticamente.
En los últimos años, los flujos migratorios venezolanos comenzaron a dirigirse en mayor proporción hacia el norte del continente. A partir de 2021, un número creciente de migrantes comenzó a atravesar la selva del Darién en su intento de llegar a Estados Unidos. Este trayecto, considerado una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, ha estado marcado por episodios de violencia, explotación y abuso contra las personas migrantes.
La llegada de grupos numerosos de migrantes venezolanos a ciudades como Nueva York generó tensiones con algunas comunidades locales. En ese contexto, ciertos incidentes criminales atribuidos a ciudadanos venezolanos recibieron amplia cobertura mediática, contribuyendo a la percepción de una crisis de seguridad asociada a la migración.
Uno de los elementos más complejos de este fenómeno ha sido la expansión internacional de organizaciones criminales surgidas en el sistema penitenciario venezolano, particularmente la banda conocida como Tren de Aragua. Diversos informes de seguridad han señalado que esta organización ha logrado establecer redes en varios países de América Latina y en algunas ciudades de Estados Unidos.
El régimen ha utilizado este contexto para desarrollar una nueva narrativa de victimización. En lugar de reconocer el vínculo entre el colapso institucional venezolano y la expansión de redes criminales transnacionales, el discurso oficial ha intentado presentar las políticas migratorias de otros países como actos de persecución contra ciudadanos venezolanos.
Un ejemplo de esta dinámica se observó en las reacciones oficiales ante las deportaciones de migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Funcionarios del régimen denunciaron estas medidas como actos de discriminación o incluso como “secuestros”, presentando al gobierno venezolano como defensor de los derechos de los migrantes.
Este tipo de narrativa permite al régimen producir una inversión de responsabilidades. El sistema político que contribuyó a generar las condiciones de la migración masiva se presenta como protector de los migrantes, mientras atribuye a sus adversarios políticos la responsabilidad por la crisis.
En términos analíticos, este fenómeno ilustra cómo la inversión acusatoria puede extenderse más allá del ámbito interno del conflicto político. En el caso venezolano, el mecanismo también opera en el plano internacional, utilizando la crisis migratoria como escenario para reorganizar la narrativa política y reforzar la legitimidad del régimen.
De esta manera, el fenómeno migratorio no solo constituye una consecuencia del colapso institucional venezolano. También se convierte en un campo de disputa narrativa donde el régimen intenta redefinir las responsabilidades políticas del conflicto.
Esta caso de inversión acusatoria es particularmente efectiva porque explota la desinformación y la desestabilización causada por los flujos migratorios.
Durante la administración Biden, la llegada masiva de venezolanos a Nueva York, combinada con comportamientos disruptivos de algunos migrantes, generó tensiones con las comunidades locales, que percibieron a los venezolanos como una fuente de inseguridad. Aunque los flujos migratorios inicialmente se dirigían al sur hacia países como Perú, Chile y Argentina, desde 2021 estos flujos cambiaron hacia el norte, con un número significativo de venezolanos cruzando la peligrosa selva del Darién para llegar a Estados Unidos[41]. La visibilidad de estos grupos en Nueva York exacerbó la percepción de una crisis migratoria.
Migración Venezolana hacia EE.UU.: Comparación 2010-2024
Período | Total de Venezolanos en EE.UU. | Ruta principal | Violencia / Riesgos reportados | Notas clave |
2010 – 2021 | ~540.000 | Aérea (visa de turista, TPS, asilo, etc.) | Muy bajos. Casos aislados. | Migración mayoritariamente legal, profesional, sin paso por rutas peligrosas. |
2022 – 2024 | +690.000 cruzaron el Darién | Tapón del Darién (a pie) | Alta violencia: robos, violaciones, muertes | Migración forzada. Se convierte en una crisis humanitaria regional. |
Un elemento crítico de esta crisis migratoria es la infiltración de delincuentes en los flujos migratorios, producto de años de liberación masiva de presos comunes por parte del régimen, a menudo bajo el pretexto de “beneficios procesales” que otorgaban libertad a miles de reclusos, muchos de los cuales apoyaban el proyecto político de la “revolución”.
El régimen ha mantenido vínculos con delincuentes y paramilitares, como los colectivos, permitiendo que bandas criminales como el Tren de Aragua se expandieran dentro y fuera de Venezuela[42]. Estos grupos, surgidos en cárceles venezolanas, aprovecharon los flujos migratorios para establecerse en comunidades de la diáspora, especialmente en Nueva York, donde su presencia se volvió notoria a partir de 2022. A diferencia de los primeros migrantes venezolanos (2014-2018), que buscaban pasar desapercibidos, estos nuevos grupos exhibían comportamientos ostentosos en redes sociales, mostrando autos y motos recién comprados, acompañados de conductas ruidosas que contrastaban con las comunidades hispanas establecidas. Esta visibilidad, sumada a crímenes violentos atribuidos a venezolanos en ciudades como Nueva York, Chicago y Atlanta, generó una percepción de alta criminalidad que captó titulares y alimentó el resentimiento hacia los migrantes en general[43][44]. La notoriedad de estos crímenes, como asesinatos y robos, amplificados por la prensa, creó una percepción de una tendencia alarmante que el régimen ha explotado para culpar a la oposición.
La dictadura venezolana, lejos de asumir responsabilidad, ha utilizado esta situación para presentarse como un protector de los migrantes, mientras culpa a la oposición por “provocar” las deportaciones y estigmatizar a los venezolanos como miembros del Tren de Aragua.
Esta narrativa oculta que muchos de los migrantes son parte de una migración económica impulsada por la crisis creada por la dictadura, incluyendo miembros de su propia base política que han huido por las condiciones económicas. En Estados Unidos, la administración Trump revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) en 2025, deportando a 250 venezolanos a El Salvador, acusados de pertenecer al Tren de Aragua[45]. En Europa, países como Alemania también han reportado deportaciones de venezolanos[46]. Jorge Rodríguez, jefe negociador del régimen, calificó estas deportaciones como un “vulgar secuestro” y anunció denuncias internacionales, mientras gestionaba la bienvenida de los deportados y pagaba abogados para ellos[47]. Esta estrategia refuerza la narrativa de victimización del régimen y lo posiciona como un negociador necesario en los procesos de deportación migratoria, consolidando su objetivo de legitimación.
La inversión acusatoria opera como una guerra psicológica que llena el espacio con desinformación, convirtiendo a operadores legítimos, como la oposición y las ONGs, en canales que, sin querer, refuerzan los objetivos del régimen. Por ejemplo, durante la búsqueda de financiamiento para la ayuda humanitaria, algunos opositores compararon el valor de los fondos asignados por migrante venezolano con los otorgados a migrantes sirios, sugiriendo que los primeros recibían menos[48]. Esta narrativa, aunque buscaba presionar por más recursos, alimentó la percepción de que la oposición estaba más interesada en generar migrantes para financiar su causa que en resolver la crisis, un problema que es responsabilidad del Estado y la dictadura. La advertencia de Machado sobre el aumento de la migración en caso de fraude electoral fue utilizada por el régimen para culpar a la oposición por “promover” la migración, reforzando la idea de que nadie en el mundo desea más migración desde Venezuela, lo que convierte a Maduro en el supuesto “salvador” que acoge a los retornados.
La dictadura venezolana ha explotado la percepción de las comunidades hispanas en Nueva York, donde algunos no toman en serio su peligrosidad y ven a la oposición como menos relevante, para reforzar su narrativa. Por ejemplo, un periodista dominicano acusó a Machado de “normalizar” las deportaciones al apoyar medidas contra el Tren de Aragua, sugiriendo que ella es responsable de la estigmatización de los venezolanos[49]. Esta narrativa ignora que Machado ha sido clara en diferenciar entre delincuentes vinculados al régimen y los migrantes inocentes, instando a las autoridades internacionales a evitar la criminalización indiscriminada[45]. Sin embargo, el régimen ha capitalizado los crímenes de alto perfil cometidos por venezolanos para proyectar la culpa sobre la oposición, presentándose como un “solucionador” que acoge a los deportados, mientras oculta su rol en la liberación de delincuentes y la creación de la crisis migratoria.