Los acontecimientos posteriores a la crisis política venezolana ofrecen una ilustración particularmente clara de los efectos estructurales de la inversión acusatoria.
Durante años, el debate político se desarrolló dentro de un marco narrativo profundamente distorsionado. Mientras la oposición denunciaba irregularidades electorales, el aparato estatal respondía acusando a sus adversarios de conspiración, desestabilización o intento de golpe de Estado. Esta inversión de responsabilidades no solo condicionó el debate interno, sino que también influyó en la forma en que actores externos evaluaron el conflicto venezolano.
La fragmentación del relato opositor, sumada a las contradicciones generadas por la propia dinámica de la inversión acusatoria, amplificó la percepción de incertidumbre política. En ese contexto, el conflicto comenzó a ser interpretado por parte de la comunidad internacional menos como una ruptura institucional clara y más como una crisis compleja cuya resolución debía priorizar la estabilidad.
Los acontecimientos de 2026 ilustran de manera elocuente esta dinámica. La captura de Nicolás Maduro durante la intervención militar estadounidense representó un cambio significativo en la correlación de fuerzas, pero no implicó necesariamente la transformación estructural del sistema político que había sostenido al régimen.
Por el contrario, las instituciones del Estado continuaron operando bajo nuevas configuraciones de poder. La designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina por parte del Tribunal Supremo de Justicia y su posterior reconocimiento por el gobierno de Estados Unidos como autoridad estatal para efectos legales muestran cómo el aparato institucional del régimen logró proyectar una continuidad política incluso después de la caída de su figura central.
Este resultado pone de relieve un aspecto fundamental del fenómeno analizado en este libro: la inversión acusatoria no depende exclusivamente de un líder individual. Se trata de un mecanismo más profundo que reorganiza el terreno del debate político, distorsiona la interpretación de los acontecimientos y termina influyendo incluso en el cálculo estratégico de actores internacionales.
Cuando este mecanismo se consolida, el conflicto político deja de desarrollarse únicamente en el terreno de los hechos y pasa a depender del control del marco narrativo desde el cual esos hechos son interpretados. En esas condiciones, incluso eventos que podrían parecer decisivos —como la captura de un jefe de Estado— no necesariamente producen una transformación inmediata del sistema.
La experiencia venezolana muestra que incluso la caída de un líder no garantiza por sí misma la transformación del sistema. Cuando las estructuras institucionales, narrativas y psicológicas que sostienen el poder permanecen intactas, el sistema puede adaptarse, reorganizarse y continuar operando bajo nuevas configuraciones de liderazgo.
Aunque Nicolás Maduro fue removido del poder, el Tribunal Supremo de Justicia designó rápidamente a Delcy Rodríguez como presidenta interina, y su autoridad fue reconocida por Estados Unidos para efectos legales. Las instituciones continuaron operando formalmente: los tribunales emitieron sentencias, los medios reprodujeron narrativas oficiales y el debate político siguió existiendo.
Pero el contenido real del sistema permaneció intacto.
Este desenlace confirma la tesis central del libro: la inversión acusatoria transforma la política en una simulación administrada por el poder. El agresor sigue presentándose como víctima, las víctimas como agresores y las instituciones como garantes formales del orden.