La “pantalla de legalidad” en la inversión acusatoria
La inversión acusatoria requiere una pantalla de legalidad para sostenerse. No se trata simplemente de cinismo político o de propaganda burda. Aunque en ocasiones el fenómeno pueda parecer una mezcla de descaro, manipulación mediática o discurso público contradictorio, en realidad se trata de un mecanismo mucho más profundo.
El régimen no actúa únicamente mediante propaganda directa. Utiliza instituciones, narrativas mediáticas y operadores comunicacionales para sembrar versiones de los hechos que luego se expanden en el espacio público.
Para ello se despliega una estructura compleja: analistas, comunicadores, portales digitales, redes sociales, influenciadores y medios alineados con el poder. Este aparato produce, replica y amplifica narrativas destinadas a instalar una versión de los acontecimientos que luego será presentada como verdad pública.
En ese proceso, lo que comienza como una declaración política termina convirtiéndose en una “noticia”, luego en una narrativa mediática y finalmente en un supuesto hecho validado por la discusión pública.
Un ejemplo particularmente ilustrativo ocurrió el 30 de julio de 2024, cuando el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunció públicamente un supuesto golpe de Estado.
La paradoja es evidente.
Quienes denunciaban un golpe eran precisamente los mismos actores que estaban ejecutando la ruptura del orden constitucional.
En ese momento el alto mando militar estaba actuando en abierta contradicción con el artículo 328 de la Constitución venezolana, que establece el carácter profesional y no partidista de la Fuerza Armada. Sin embargo, el discurso oficial presentó la situación de forma inversa: el régimen se presentó como víctima de un golpe organizado supuestamente desde el exterior, con el apoyo de actores internacionales y redes sociales.
Aunque a primera vista esa narrativa podía parecer absurda o incluso ridícula, el aparato comunicacional del régimen logró algo fundamental: producir contenido que luego sería repetido, analizado y amplificado por medios de comunicación, portales digitales y redes sociales.
De esta manera, una acusación sin fundamento comienza a circular en el espacio público hasta adquirir apariencia de controversia política legítima.
Mientras tanto, en ese mismo momento —30 de julio de 2024— la oposición denunciaba fraude electoral tras las elecciones presidenciales.
La situación recordaba una escena conocida en muchos juegos infantiles: la de los niños que intentan romper una piñata con los ojos vendados. Antes de golpearla, se les hace girar varias veces para desorientarlos. Luego se les entrega el palo y se les anima a buscar la piñata.
En esas condiciones, es muy difícil encontrar el objetivo.
Algo similar ocurría en el debate político venezolano. Mientras la oposición intentaba denunciar el fraude electoral, el régimen había logrado instalar una narrativa paralela —la del supuesto golpe de Estado— que desviaba el foco del conflicto.
La víctima terminaba discutiendo dentro de un marco narrativo construido por el propio agresor.
Este elemento es central en el funcionamiento de la inversión acusatoria: incluso cuando la víctima intenta denunciar el abuso, lo hace dentro de un terreno narrativo previamente manipulado.
Aquí aparece un aspecto particularmente interesante del mecanismo. La inversión acusatoria suele funcionar con la participación —voluntaria o involuntaria— de la propia víctima dentro del marco narrativo construido por el perpetrador.
Obsérvese lo que ocurrió en Venezuela durante la crisis política de 2024. Mientras el régimen ejecutaba un quiebre constitucional para desconocer el resultado político de las elecciones, el discurso oficial acusaba a la oposición de intentar un golpe de Estado.
Sin embargo, en ese mismo momento, gran parte del debate opositor se centraba en denunciar fraude electoral.
La denuncia del fraude podía ser cierta, pero no describía completamente la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. El problema no era únicamente un fraude electoral; era la consolidación de un golpe de Estado institucional.
Al centrar el debate únicamente en el fraude, la oposición terminaba discutiendo dentro de un marco narrativo que el propio régimen podía manipular.
Así, mientras el régimen acusaba a la oposición de golpismo, la oposición denunciaba fraude electoral. Las dos narrativas coexistían, pero el marco político real —la ruptura constitucional— quedaba parcialmente desplazado.
Por eso la metáfora de la piñata resulta útil. La víctima intenta golpear el objetivo, pero lo hace con los ojos vendados y después de haber sido desorientada.
Mientras tanto, el agresor controla el espacio donde ocurre el juego.
Este fenómeno revela una característica fundamental de la inversión acusatoria: el mecanismo no solo depende de la propaganda del poder, sino también de la capacidad de desplazar el terreno del debate político hacia un marco narrativo que el propio régimen controla.